lunes, 26 de marzo de 2012

Anciana vive desde hace dos años sin servicios públicos en su casa

Cecilia Rodríguez sufre artritis reumatoidea degenerativa y es atendida por la Secretaría de Salud.

La mujer de 69 años está enferma desde hace dos años y su condición empeora debido a las difíciles condiciones de vida que tiene en su casa, en el barrio Galán de Bogotá. Lo que recibe es gracias a la caridad de los vecinos.

La ambulancia de la Secretaría atendió a la mujer y la llevó al hospital San Blas, pero allí no podrá estar mucho tiempo ya que tampoco tiene recursos para mayor atención médica. "Le van a hacer chequeo, pero ella está muy delicada de salud", cuenta Martha Adelaida Rodríguez, hija de Cecilia y quien vive con ella.

Martha Adelaida, de 33 años, y su madre viven en una casa que está en mal estado por la humedad, la suciedad y el desplome de los cimientos. La mujer de 33 años ciuda de su madre durante el día y ello le impide tener un trabajo estable. "Cuando puedo, hago domicilios en manicure y pedicure", relata la mujer.

El corte de servicios se presentó luego de una pelea en la sucesión de la casa con los hijastros de Cecilia. "A raiz de la muerte de mi padrastro, los hijos de él nos amenazas con que nos van a hacer lanzamiento y realmente ellos hicieron cortar todo. Nos quitaron la puerta del baño y del patio", dice Martha. "Cocino con gasolina, con vela muchas veces cuando nos toca alumbrarnos", relata.

Ante la adversidad, Martha solo espera poder vivir en mejores condiciones, más que todo pensando en la salud de su madre.

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martes, 20 de marzo de 2012

Dos estudiantes resultaron mutilados por protestas en Tunja

En una pedrea, en la Uptc, al parecer se presentó una explosión que dejó heridos a los jóvenes.

En tragedia terminó una de las pedreas que ya se han vuelto tradicionales entre los estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc).

Un estudiante que perdió su mano y parte de su brazo derecho y otro que perdió una pierna, se debaten a esta hora entre la vida y la muerte en el Hospital San Rafael de Tunja.

"Transcurría la protesta cuando, de repente, unos 20 pasos adentro de la puerta principal de la universidad, se escuchó una fuerte explosión y todo se convirtió en caos completo pues dos estudiantes quedaron gravemente heridos", dijo uno de los testigos.

Los dos jóvenes, de unos 22 años de edad, sufrieron las mutilaciones porque, al parecer, en un morral llevaban papas bomba y diferentes artefactos explosivos que utilizaban en medio de la revuelta, que inició sobre las 10:30 de la mañana de este martes.

"Eran cerca de 50 encapuchados que conmemoraba un aniversario más de la muerte del estudiante Tomás Herrera Cantillo en una protesta similar hace 25 años", dijo una de las directivas de la Universidad.

Una hora antes un profesor que caminaba cerca de la universidad, al parecer, pisó uno de los artefactos que cayeron en medio de la contienda entre los estudiantes y la Policía y tuvo que ser llevado de urgencia a un centro médico en el que se recupera.

A esta hora cientos de estudiantes se agolpan frente a las instalaciones del centro médico a la espera de conocer la suerte de sus compañeros mutilados y de tres más que ingresaron con diferentes heridas que sufrieron en medio de la protesta.

REDACCIÓN BOYACÁ

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lunes, 12 de marzo de 2012

No declaran nulidad del proceso contra implicadas en caso Colmenares

Abogados de Laura Moreno y Jessy Quintero buscaban la libertad inmediata de sus apoderadas.

Hoy, en la sala 219A de los juzgados de Paloquemao, se reanudó la audiencia en la que el juez 11 de Conocimiento, Germán Suárez, decidió dejar en firme el proceso por la muerte del universitario Luis Andrés Colmenares, y negar el recurso de nulidad solicitado por los abogados de las dos universitarias implicadas en el hecho, Laura Moreno y Jessy Quintero. (vea especial multimedia con argumentos e historias de los protagonistas del caso Colmenares).

La defensa de Laura Moreno apeló la decisión del juez, mientras que las demás partes procesales no interpusieron nuevos recursos.

Pedro Aguilar, defensor principal de Laura Moreno, señaló que a su juicio hubo una inconsistencia entre la narración de los hechos que hizo la Fiscalía en la imputación de los cargos y el delito que le tipificaron a su cliente: coautoría impropia de homicidio.

Y agregó que hay ambigüedad en la sustentación de la tesis de la Fiscalía porque la coautoría implica la existencia de un supuesto cómplice, que no ha sido identificado dentro del proceso.

En cuanto a la imputación de falso testimonio, Aguilar advirtió que las imputaciones deben tener los elementos probatorios pertinentes para que puedan sustentarse y añadió que el testimonio que Laura Moreno dio ante el fiscal del caso solo sería válido en la etapa de un juicio oral.

"No sabemos si vamos a usar el testimonio de Laura en el juicio, entonces el fiscal del caso no tenía elementos para declarar que ella había dado un falso testimonio", expresó el jurista.

Por su parte, el abogado Jaime Lombana, abogado de los familiares de Luis Colmenares, dijo que la defensa de Laura Moreno, se anticipa a una discusión sobre la claridad de la imputación, que debe darse en desarrollo del proceso, pero no en la actual instancia.

El representante de la Procuraduría estuvo de acuerdo con la decisión de no anular el proceso.

Fiscal del caso, Antonio Luis González, dice que el escenario para aclarar las sustentaciones que hace la defensa de Laura Moreno sobre la imputación era la audiencia de Control de Garantías de octubre.

Igualmente, advirtió que las dudas sobre los hechos imputados a los que se refiere el jurista Aguilar deben exponerse en el marco del juicio oral y no para intentar una nulidad del proceso.

La decisión sobre la apelación presentada por la defensa de Laura Moreno será resuelta por el Tribunal Superior de Bogotá en fecha por definir.

En la diligencia anterior, del 27 de febrero, y en la que originalmente se iba a presentar la acusación formal contra las estudiantes, señaladas por la Fiscalía de encubrir el supuesto crimen del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Granados, abogado de Laura Moreno, dijo que hubo falta de control de legalidad en la imputación realizada en octubre del 2011 contra su cliente y alegó violación del derecho de defensa, en cuanto a la construcción del cargo de falso testimonio, y la ruptura indebida del proceso anunciada por el fiscal del caso,

Por su parte, Silvio San Martín, abogado de Jessy Quintero, había dicho que en la imputación de los cargos no hubo una descripción completa de tiempo, modo y lugar, y porque a la joven se la había violado el derecho de la no autoincriminación.

REDACCIÓN BOGOTÁ

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lunes, 5 de marzo de 2012

Atribuyen a omisión de Ecopetrol la tragedia de Dosquebradas

Contraloría considera que este factor incidió en explosión que dejó 32 muertos.

Las investigaciones de la Contraloría por la explosión del poliducto Puerto Salgar-Cartago, que en diciembre dejó 32 muertos y más de 80 heridos en Dosquebradas (Risaralda), apuntan a la falta de mantenimiento de la tubería como origen de la tragedia.

La contralora Sandra Morelli acaba de enviarle a Ecopetrol una alerta ('función de advertencia') sobre la urgencia de extremar la vigilancia sobre el mantenimiento de todas las líneas de distribución de combustibles del país.

La razón de esa advertencia es la inminente llegada de la ola invernal y, sobre todo, las investigaciones por las dos emergencias con hidrocarburos de diciembre -la de Dosquebradas y la que tuvo a Cúcuta sin agua por casi tres semanas-, que de acuerdo con el organismo de control pudieron haberse evitado.

"Lo que está claro es que la tragedia de Dosquebradas no fue una consecuencia de la ola invernal y que tampoco había válvulas ilegales -reveló la Contralora-. En ese sentido, lo que sucedió es atribuible a una omisión en el oportuno mantenimiento del poliducto".

La investigación técnica señala que en el sitio de la explosión no hubo deslizamiento de tierras derivado del invierno, lo que descarta la que hasta ahora parecía como la causa más probable de la ruptura de la tubería. Hace una semana, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda entregó un informe en el mismo sentido. Desde el primer momento se descartó una fuga de combustible provocada por los ladrones de gasolina.

La Contraloría señala que correspondía a la petrolera prever y conjurar el riesgo de un daño en la tubería.

Mientras avanzan varias demandas civiles contra Ecopetrol por el caso de Dosquebradas, la Contraloría inició una indagación preliminar por el manejo de los recursos destinados al mantenimiento y conservación de las líneas de distribución de hidrocarburos en el país.

Simultáneamente, avanza otro proceso por los efectos de la ruptura, el 11 de diciembre pasado, del oleoducto Caño Limón-Coveñas a la altura de Chinácota (Norte de Santander), que contaminó el río Pamplonita y provocó una emergencia sanitaria en Cúcuta, pues el afluente surte el acueducto de esa capital.

Por este hecho, el director de la Corporación Autónoma de la Frontera Nororiental (Corponor), Luis Lizcano, abrió un proceso sancionatorio contra Ecopetrol por los daños ambientales causados.

Así va lupa a emergencia

La Contraloría adelanta varias investigaciones fiscales por el manejo de los billonarios recursos que el Estado destinó para atender la emergencia invernal y realizar las obras necesarias para evitar nuevos estragos.

Aunque señala que "el país está mucho mejor preparado" tras la estrategia coordinada por el Gobierno en los últimos dos años, la contralora Sandra Morelli advierte que hay serias evidencias de malos manejos de los dineros destinados a proteger a las comunidades de la furia de las aguas.

La Contraloría investiga el destino de 42 mil millones de pesos utilizados en la zona de La Mojana y el fraccionamiento de contratos en el Valle.

REDACCIÓN JUSTICIA

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